
Autoridades presentan Plan de Normalización que pondrá fin a los asentamientos ilegales en el borde costero de la Región Atacama
En el marco de la sesión del Concejo Municipal de Caldera, encabezada por la Alcaldesa Patricia González, el Intendente Miguel Vargas, el Gobernador Mario Rivas y la Seremi de Bienes Nacionales Marcela Cepeda; dieron a conocer los lineamientos del Plan de Normalización en el borde costero de la Región de Atacama, que tiene por propósito de poner fin a la situación de ilegalidad de los asentamientos existentes.
Al respecto el Gobernador de la Provincia de Copiapó Mario Rivas Silva, señaló “las acciones del gobierno son concretas y se han generado a través de diversas instancias de diálogo desde un inicio del periodo de este Gobierno entre la comunidad, Bienes Nacionales y el Municipio, donde de forma enfática no se permitirán más asentamientos ilegales, y para dar resolución a la situación actual se realizará el plan de normalización que afectará a cerca de 6.000 ocupaciones ilegales instaladas en el borde costero de la región, algunas instaladas por más de 30 años”.
En tanto, Marcela Cepeda Seremi de Bienes Nacionales, enfatizó “nosotros como ministerio y en conjunto con el gobierno regional, nos estamos haciendo cargo de un problema de larga data, que se incrementó sustancialmente en el gobierno anterior y sus nulas políticas de solución”, agregando que: “con este plan, estamos presentando una solución a las ocupaciones ilegales del borde costero, este gobierno se caracteriza por hacerle frente a los problemas y darle solución en el más corto tiempo”.
El plan de acción busca la normalización del borde costero, y consiste en adoptar medidas inmediatas que ya se están llevando a cabo, como lo son, el levantamiento de información de las zonas en que está consolidada la ocupación y que demarcará los límites de los terrenos que se pueden acoger al plan y una permanente fiscalización que permita, junto con ejercer un rol disuasivo para nuevas ocupaciones de suelo fiscal, efectuar las denuncias que correspondan para obtener el retiro de cercos, mallas, hitos, cierres perimetrales y desmantelamiento de palafitos. Todas estas ocupaciones están aún en etapa de cercamiento y levantamiento, por lo que no se trata de desalojos.
Plan de Normalización
La primera de las medidas es proteger las zonas en riesgo de ser ocupadas ilegalmente, para esto se implementará una resolución de Auto-Destinación.
El Ministerio de Bienes Nacionales posee como misión institucional el reconocer, administrar y disponer del patrimonio fiscal de todos los chilenos, apoyando el desarrollo económico y social del país, procurando el manejo sustentable de sus recursos naturales y culturales, destinando territorio para ser especialmente destinado, en este caso en particular, a resguardar los atributos paisajísticos de la zona costera de la región de Atacama.
Con esto se busca resguardar las zonas costeras de interés paisajístico para que no sean ocupadas ni cercadas. En las zonas que tienen cierres perimetrales, estos cierres serán retirados y se instalará señalética que indique la destinación del territorio.
La destinación va acompañada de fiscalización constante e instalación, además de señalética, monolitos que indican los perímetros resguardados.
La segunda de las medidas está destinada a las ocupaciones que ya están establecidas y que cuentan con infraestructura y organización, consiste en dar solución mediante arriendos por Macro-Lotes.
El arriendo de un bien raíz fiscal, es un derecho especial de uso y goce que se concede a los particulares sobre algunos bienes raíces fiscales, mediante el respectivo contrato, por un periodo determinado, y por una renta que se pagará en forma periódica. Se denomina Macro-Lotes, porque el arriendo se hará por conjunto de personas organizadas mediante personalidad jurídica que, mediante un representante o directiva, realice el trámite directamente con Bienes Nacionales.
Principales requisitos para acceder a la normalización de la ocupación
Que no exista no exista conflicto con el uso de suelo indicado en los instrumentos de planificación territorial comunales y regionales.
Que exista un interlocutor único -directiva- que permita fluidez en la comunicación.
Que las ocupaciones se encuentren ya reconocidas por la Seremi de Bienes Nacionales y su equipo de fiscalización.